Piden renuncia de autoridades de Puerto Rico por entregar datos de 6.321 migrantes a EEUU

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico exigió este jueves la renuncia del secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Edwin González, después de confirmar que entregó información confidencial de aproximadamente 6.321 personas migrantes a las autoridades federales para realizar redadas.

El Tribunal Supremo ordenó al DTOP entregar a la ACLU los documentos que envió en enero de 2025 al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para realizar redadas migratorias en el archipiélago caribeño, que es un Estado Libre Asociado a Estados Unidos.

"Con sus acciones, no solamente entregar voluntariamente información confidencial al ICE, sino el negarse a producir información para que el pueblo de Puerto Rico supiera la verdad, el secretario demostró su incapacidad para asumir las responsabilidades de su cargo y cumplir con su mandato constitucional", afirmó en un comunicado Annette Martínez, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico.

Las denuncias de la ACLU de Puerto Rico se producen después de que el Tribunal Supremo de Puerto Rico emitiera una resolución de "no ha lugar" a la segunda solicitud de reconsideración del DTOP, su último intento de revertir las determinaciones de las cortes inferiores que concluyeron que el subpoena (requerimiento legal) que dio paso a la entrega voluntaria de datos al ICE, es un documento público.

"Con esta determinación del Tribunal Supremo de Puerto Rico celebramos que se protegió el derecho a saber que tenemos todos, aunque el tiempo que ha pasado es en sí mismo una violación del derecho fundamental a conocer la verdad de lo ocurrido y entender que la tragedia que han vivido miles de familias migrantes y puertorriqueñas tuvo un aliado en el Gobierno de Puerto Rico", aseveró Martínez.

De acuerdo a la ACLU, el subpoena administrativo lo produjo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) el 26 de enero de 2025 y se dirigió a la Directoría de Servicios al Conductor (DISCO).

En este contexto, la Unión Americana de Libertades Civiles determinó que tras un análisis del documento, el DTOP no tenía una obligación legal de responder a dicha solicitud enviando la información requerida.

El DTOP envió el número de la identificación expedida por DTOP, tipo de identificación, fechas, nombres, números de teléfono, el estado migratorio e información de la dirección residencial, entre otros datos de los migrantes.

Por ello, la ACLU de Puerto Rico presentó una demanda en octubre de 2025 después de que el secretario del DTOP se negara a cumplir con una petición de acceso a información pública sometida por la organización, para conocer cómo la agencia manejó y respondió el requerimiento que hizo el ICE.

Por su parte, Fermín Arraiza Navas, director legal de la ACLU de Puerto Rico, criticó la colaboración "infame" del Gobierno de Puerto Rico con las políticas migratorias "inhumanas" del Gobierno de Estados Unidos.

En su opinión, "no solo denotan la ausencia total de empatía y sensibilidad hacia nuestras comunidades de inmigrantes, sino que dejan de manifiesto su complicidad en la violación sistemática de los derechos civiles y derechos humanos de esta población vulnerable".

Por último, la ACLU criticó que al entregar la información al ICE, el titular del DTOP puso en peligro la seguridad de los miles de inmigrantes que confiaron en el Gobierno de Puerto Rico, cuando en 2013 se habilitó un proceso mediante la Ley 97 para que tuvieran acceso a una licencia de conducir, protegiendo su información sobre estatus migratorio.

Desde principios de 2025, el pánico y la incertidumbre se apoderaron de los barrios con mayor población de inmigrantes de Puerto Rico, como Puerto Nuevo o Barrio Obrero en San Juan, debido a las redadas migratorias orquestadas por el Gobierno de Estados Unidos que, desde entonces, ha realizado miles detenciones y deportaciones. EFE

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