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Rivera Schatz pide examinar los contratos públicos de analista televisivo <span style="font-size: revert;"></span>

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Rivera Schatz pide examinar los contratos públicos de analista televisivo

Pamela Hernández Cabiya
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El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, sometió tres mociones al cuerpo, ayer, lunes, en medio de la sesión legislativa, para investigar al analista Adolfo A. Rodríguez Burgos, quien ha mantenido contratos gubernamentales que exceden de los $100,000, y que comenta ocasionalmente en el programa de Jay Fonseca y Teleonce.

El analista político ha sido crítico del presidente del Senado.

La primera moción remitida fue la Petición 2026-0131 solicitando a  Félix G Lasalle Toro, director ejecutivo de la  Autoridad de Edificios Públicos, copia de las facturas sometidas por Adolfo Rodríguez Burgos en su carácter personal o a través de cualquier entidad que tenga participación.

Solicitó todos los contratos aprobados, pagados, objetados o que estén pendientes desde el 1 de enero de 2024 hasta la actualidad. 

Según consta en la moción y en el Registro de Contratos de la Oficina del Contralor, Rodríguez Burgos tiene: 

1-Contrato 2024-S00053, otorgado el 16 de agosto de 2023 hasta el 31 de diciembre del mismo año por una cantidad de $15,0000. Este contrato obtuvo una extensión de su vigencia hasta el 30 de junio de 2024.

2-Contrato 2025-S00053, se otorgó el 1ro de julio de 2024 hasta el 30 de junio de 2025 para un total de $30,000. Este contrato aparece enmendado para extenderlo hasta el 10 de marzo y aumentar a $50,000.

3-También aparecen dos contratos adicionales entre el 2026 y extensión hasta el año 2027. El primer contrato es de $66,000 y el segundo, $72,000 hasta el próximo 30 de junio de 2027.

La segunda Petición 2026-0132, una solicitud de información al alcalde del Municipio de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz. El Senado solicitó copia de todas las facturas sometidas al ayunamiento desde el 1 de enero de 2024 hasta la actualidad. 

El Contralor registra un total de cuatro contratos vinculados a Bayamón y Rodríguez Burgos. 

1- Contrato 2024-001130 se otorgó el 1 de noviembre de 2023 hasta junio del 2024 con una suma de $32,000.

2- Contrato 2025-000633 que se remitió vigencia un mes después (11 de julio de 2024) con extensión hasta el 30 de junio de 2025 para un monto de $24,000.

3- El tercer contrato registrado es el Contrato 2026-000145 de $48,000 del 1 de julio de 2025 hasta el pasado mes de junio. 

4- Contrato 2027-000143 otorgado el 1ro de julio de 2026 con vigencia hasta el 31 de diciembre por $14,400

La tercera es la Petición 2026-0133. Solicitud de información a la directora de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario y Fiducidiaria del Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales, Keren Riquelme Cabrera.

La petición radicada por Rivera Schatz ordena copia de todas las facturas sometidas al Fideicomiso. Los contratos que constan registrados en la Oficina del Contralor son:

1- Contrato 2024-FCE001, otorgado el 11 de julio de 2023 con vigencia hasta el 3º de junio de 2024 por $72,000.

2-Contrato 2025-FCE001 el 11 de julio de 2024 hasta diciembre de 2024 por un total de $43,200

3-Contrato 2025-FCE43 oficializado el 14 de febrero de 2025 hasta 30 de junio de 2025 por $91,200.

4-Contrato 2027-FCE001 otorgado el 26 de junio de 2026 hasta el 30 de junio de 2027 por $91,200.

Cada una de las mociones debe ser entregada en un término de 10 días y el Senado se reservó el derecho de solicitar comparecencias adicionales.

En el pasado, Rodríguez Burgos quedó vinculado a la controversia de D.R. Consulting, la empresa que prestó servicios de comunicación al comité del entonces gobernador Ricardo Rosselló durante las protestas del verano de 2019. 

Una investigación del Centro de Periodismo Investigativo reveló que cobró cerca de $22,000 como subcontratista por trabajos de mercadeo y estrategia de mensajes, mientras mantenía dos contratos de $5,250 mensuales relacionados con la Cámara de Representantes. 

La pesquisa también cuestionó el manejo de los fondos de D.R. Consulting, que no justificó el destino de $76,600. Esa cantidad no se le atribuyó a Rodríguez Burgos. El CPI informó que él declinó comentar sobre los hallazgos. 

Las tres peticiones buscan conocer qué servicios facturó Rodríguez Burgos a la Autoridad de Edificios Públicos, al Municipio de Bayamón y al Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales. Por ahora, las solicitudes de información abren un examen de sus contratos, pero no constituyen una determinación de irregularidad.

#Adolfo Rodríguez #contratos públicos #Moción #Thomas Rivera Schatz
Pamela Hernández Cabiya
Sobre el autor
Pamela Hernández Cabiya

Periodista con más de diez años de experiencia en la cobertura de noticias y temas de interés público, con especial énfasis en el ámbito legislativo. Actualmente combina su labor periodística con la enseñanza de comunicaciones, aportando su experiencia a la formación de futuros comunicadores.

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