Roig y Medina ante el Senado: choque de versiones por contratos millonarios en Familia

La hora cero llegó. La secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes y la exadministradora de Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), Blanca Medina, dirán presente en la Asamblea Legislativa para dejar claros los puntos sobre la mesa tras una serie de alegaciones que ponen en la cuerda floja la gestión de Roig Fuertes y el manejo de fondos destinados a las familias más vulnerables de Puerto Rico.

Roig Fuertes está citada a comparecer ante la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes a las 10:00 a.m .y, luego, tendrá que responder las preguntas de los miembros de la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y
con Diversidad Funcional del Senado, presidida por Wanda Soto Tolentino a la 1:00 p.m.

Mientras, Medina está citada para la misma Comisión del Senado a las 10:00 a.m.

Controversia paso a paso

Todo comenzó cuando Blanca Medina, ex-administadora de Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF) fue destituida de su puesto. Trascendió en esos instantes que su salida abrupta se produce tras la exfuncionaria inhibirse de firmar un contrato de $38.5 millones de dólares para la entidad Start Academy, financiado con fondos del Programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF).

Según Medina, dichos fondos estaban destinados por ley a la prevención de los participantes del programa y no al rezago escolar. Además, la exfuncionaria denunció que presuntamente fue hostigada por Roig Fuertes para firmar con urgencia el contrato. Las presiones se realizaron por mandados con terceros y con reuniones presenciales. 

El contrato millonario para la entidad de Start Academy no fue la única discrepancia entre las funcionarias. Medina denunció la existencia de otro acuerdo por aproximadamente $300,000 destinado a adiestramientos y tecnología. Explicó que se negó a otorgarlo debido a que el proponente no acudió a su oficina a realizar la presentación correspondiente, y porque pretendían saltarse el comité de evaluación que ya se había constituido formalmente para examinar las propuestas.

Acto seguido, la secretaria de la Familia rechazó que el despido de la exadministradora de ADSEF respondiera a un supuesto contrato con fondos federales. Sin embargo, si alegó que la destituida la había amenazado con agredirla. Para el 1ro de octubre, Roig Fuertes, denunció haber recibido supuestas amenazas de agresión física por parte de la destituida administradora, motivo por el cual abandonó temporalmente su hogar y reforzó sus medidas de seguridad.

Roig reveló que, ante el temor por su seguridad personal y la de su familia, se trasladó a vivir a la residencia de sus padres y modificó de forma drástica sus rutinas diarias.

“Esta señora se ha atrevido a emitir amenazas en mi contra, de golpearme, halarme por los pelos y agredirme… En este momento, he tomado medidas de seguridad y protección. No estoy en mi casa; estoy en casa de mis papás. He cambiado mis rutinas y he realizado otros cambios junto con mi familia y personas que me quieren bien”, sostuvo Roig durante una entrevista radial en WKAQ 580.

Esta controversia pica y se extiende después de la directora de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), Gabriela Boffelli, había dicho que no había existido un contrato listo para firma, bajo el argumento de que la propuesta gubernamental había sido retirada antes de que se formalizara.

Sin embargo, la versión quedó bajo cuestionamiento cuando el senador Juan Oscar Morales presentó públicamente documentos que, según sostuvo, demostraban la existencia de un borrador de contrato por aproximadamente $38.5 millones. El legislador mostró el documento en televisión y afirmó que estaba relacionado con NOLA Education/Star Academy.

Luego de las denuncias públicas, apareció una carta fechada el 20 de enero de 2026 y firmada por Roig, mediante la cual se notificaba a NOLA Education que su propuesta había sido seleccionada para la adjudicación del contrato y que el Departamento iniciaría los pasos para su formalización.

Tras la divulgación de los documentos, Roig reconoció la existencia de un documento preliminar, pero sostuvo que un borrador no equivalía a un contrato formal porque no había sido firmado ni se habían obligado fondos. 

Un día antes de que la secretaria de la familia estuviera citada al Senado y la Cámara, le salió otro hallazgo. Sitúa a la administración bajo un fuerte cuestionamiento público: la presunta inclusión de una «cotización fantasma» atribuida a la empresa Cocoloba para justificar una contratación.

Durante una entrevista radial en Primer Round de Magic, el senador Juan Oscar Morales reveló que sostuvo una conversación directa con el presidente de Cocoloba, quien negó categóricamente haber sometido una propuesta formal para el proceso de evaluación.

La empresa únicamente envió un folleto informativo general y advirtió de antemano a la gerencia de la agencia que no participaría de la licitación.

A horas de que tanto Roig como Medina se enfrenten a la Asamblea Legislativa, las versiones encontradas darán paso a preguntas que exigen respuestas: quién impulsó los acuerdos, cómo se evaluaron y qué garantías hubo para proteger los fondos destinados a las familias puertorriqueñas.