Sector salud reclama tarifas preferenciales de luz para evitar el colapso operativo

El Colegio de Administradores de Servicios de Salud de Puerto Rico (CASS), que incluye hospitales, farmacias de comunidad y laboratorios clínicos, denunciaron que los constantes incrementos en las tarifas energéticas y las fallas del sistema eléctrico ponen en riesgo crítico la estabilidad operacional de las instituciones médicas y la salud de la ciudadanía. Ante este panorama, el sector exige un alto a los costos abusivos y demanda un trato tarifario diferenciado que garantice la continuidad de los servicios.

Durante una conferencia de prensa conjunta, líderes del sector médico enfatizaron que el servicio eléctrico no constituye un lujo, sino una necesidad vital para el país.

El impacto de las alzas tarifarias representa cifras alarmantes para las instituciones. El licenciado Héctor Ortiz Arroyo, director de operaciones del Hospital Ashford, explicó cómo esto afecta directamente los costos fijos de un centro médico mediano:

«Para los hospitales pagamos un promedio de 26 centavos en kilovatio hora. Actualmente estamos pagando alrededor de 32 centavos en kilovatio hora […] eso representa casi medio millón de dólares al año de aumento en los costos […] un hospital de este tipo paga aproximadamente mensualmente entre $169,000 y $175,000 de luz mensual».

Ortiz Arroyo añadió que este incremento obligaría a los centros a absorber entre $200,000 y $210,000 adicionales mensuales en promedio, a lo que se suman los costos de diésel por las fluctuaciones eléctricas y el gasto de hasta $50,000 anuales en la compra de agua para camiones cisterna debido a los racionamientos.

Por su parte, Teodoro Colón, de la Cooperativa de Laboratorios, advirtió sobre la tormenta perfecta que atraviesa el sector debido a la reducción de tarifas de las aseguradoras, la escasez de profesionales y el encarecimiento de la energía:

«Tenemos que es un privatizador que no funciona, no nos brinda el servicio, no nos brinda la fiabilidad y la confiabilidad en el sistema. Lo que nos hace hacer tener un gasto mayor en detrimento de nuestros pacientes».

Linda Ayala, representante de la Asociación de Farmacias de Comunidad, señaló que las 850 farmacias de la isla enfrentan un aumento de hasta un 20% en su factura de energía. Al respecto, enfatizó:

«En el caso de las farmacias no es un aumento que tú le puedes pasar al paciente, tú tienes que absorberlo, así que en las operaciones es significativo».

Asimismo, cuestionó la falta de equidad en los alivios económicos:

«¿Y por qué no hace ajustes el privatizador? Y de esos ajustes que hace el privatizador amortizan lo que nosotros tenemos que pagar. Nosotros tenemos que tener cartas eléctricas, tenemos que tener placas solares, esos son costos adicionales […] el diésel aumenta, aumenta el gas y nosotros tenemos que absorberlo».

Las organizaciones advirtieron que los equipos médicos de alta tecnología —como resonancias magnéticas, tomógrafos, equipos de laboratorio molecular y de robótica— son altamente sensibles y requieren un suministro eléctrico estable y regulado. Por lo tanto, los recortes presupuestarios en energía impactan directamente el bienestar de los pacientes.

La licenciada Bárbara Sotillo presidente del Colegio de Tecnólogos Médicos de Puerto Rico, hizo un llamado enérgico a las autoridades:

«Creo que también es un llamado que de un momento ya de que empezamos a ver la salud como un derecho, como un derecho constitucional que no está, pero lo deberíamos estar viendo así. Si nosotros tenemos un una población enferma que cada vez está más deteriorada, ¿cómo vamos a sostener el país? ¿A quién le vamos a seguir pasando estos costos? ¿A dónde vamos a llegar a nuestra población? Nuestra responsabilidad es nuestra necesidad básica. Y desde que estamos aquí representantes de todas las áreas, de cómo nos impacta y al que está impactando al paciente, nosotros no tenemos de dónde manejar esto, nosotros no le podemos decir al plan médico, «págameme más».

El sector salud anunció que solicitará formalmente una reunión de emergencia al Negociado de Energía y a los entes gubernamentales pertinentes. Exigen que se escuche a los administradores de las instalaciones de salud antes de aprobar cualquier incremento que perjudique la atención médica en la isla.

«El costo de la energía no puede convertirse en otra barrera para acceder a los servicios médicos. Proteger la estabilidad operacional de nuestras instituciones de salud es proteger la salud y la seguridad de todos los puertorriqueños», concluyeron los portavoces.