Una Constitución para la Inteligencia Artificial (Segunda parte)

En la primera parte hablé de The Fourth Turning, el libro de 1997 que le puso fecha a la próxima gran crisis americana: 2026, este año. El patrón de la historia: cada invierno empezó con un evento pequeño y terminó con un documento de gobernanza. Y mi posición: la inteligencia artificial no es la crisis, es el detonante; la crisis es quién escribe las reglas.

¿Y Puerto Rico? Seamos honestos: en la mesa global no tenemos silla. Las reglas sobre los sistemas de IA más avanzados se escribirán entre Washington, la Unión Europea, China y las empresas que los desarrollan. Pero eso no nos convierte en espectadores, por dos razones.

La primera es jurídica y está pasando ahora. Sin ley federal, la regulación real de la IA en Estados Unidos se está escribiendo en las legislaturas estatales: California ya obliga a las grandes empresas desarrolladoras a publicar sus protocolos de seguridad, Texas tiene su ley en vigor desde enero, Colorado reescribió la suya, y todos los estados han presentado legislación. Puerto Rico legisla exactamente a ese nivel. Nada nos impide fijar hoy reglas sobre el uso de inteligencia artificial por nuestro propio gobierno: transparencia cuando un algoritmo participa en decisiones administrativas, requisitos claros en la contratación pública, protección de los datos de nuestra gente. Un gobierno que compra y desarrolla tecnología para 3.2 millones de personas es un mercado que puede ponerle condiciones a sus suplidores.

La segunda razón es histórica. El Puerto Rico moderno nació de la resolución del último invierno: del orden que salió de la Depresión y la guerra surgieron aquí Manos a la Obra y el Estado Libre Asociado. En mi opinión, ese modelo nunca fue eficiente, pero esa discusión es tema para otro foro. Tampoco estuvimos en la mesa en aquel momento, y tampoco vamos a estar en esta. Pero la diferencia entre entrar al nuevo orden con agenda propia o entrar como nota al calce no la decide quién firma el pacto: la decide quién se preparó antes de que se firmara. A este nuevo orden tenemos que entrar con agenda propia. Esa es la conversación que deberíamos estar teniendo: no si podemos regular la inteligencia artificial del mundo, sino con qué agenda llegamos a la primavera. Talento formado para trabajar con la inteligencia artificial y no debajo de ella. Una red eléctrica sobre la cual esta infraestructura pueda correr. Un gobierno digitalizado que sepa lo que compra. Y reglas locales listas antes de que el Congreso ocupe el campo.

¿Y qué tendría que incluir una constitución para la inteligencia artificial? Lo mismo que define cualquier constitución, autoridad y límites, pero aterrizado a esta tecnología. Primero, reglas de entrada: quién puede desarrollar y desplegar sistemas avanzados, con registro obligatorio y pruebas de seguridad antes de ponerlos frente al público, como en la construcción: nadie levanta un edificio sin seguir el código. Segundo, una lista clara de usos prohibidos: manipular el comportamiento de las personas, la vigilancia masiva, calificar socialmente a los ciudadanos, y suplantar la identidad o la voz de una persona real sin divulgarlo. Tercero, transparencia obligatoria: que el contenido generado por IA venga identificado, que sepas cuándo hablas con una computadora y no con un humano, y que las empresas divulguen con qué datos entrenaron sus sistemas. Cuarto, derechos de la gente: saber cuándo un algoritmo decidió sobre tu empleo, tu crédito, tu salud o un servicio de gobierno, y poder exigir que un ser humano la revise. Y quinto, responsabilidad: definir quién responde cuando el sistema falla, el que lo desarrolló, el que lo desplegó o el que lo usó, y la obligación de reportar los incidentes graves.

Su impacto sería el mismo de cada documento que cerró un invierno anterior: convertir una pelea de poder en reglas del juego. Para las empresas, estándares iguales para todas en vez de compromisos voluntarios. Para los gobiernos, la capacidad de exigir en vez de pedir. Para la gente, derechos que no dependan de los términos y condiciones de una compañía.

Todos los inviernos anteriores terminaron con un documento. El de esta era todavía no tiene autor: nadie está redactando la constitución de la inteligencia artificial. Y seamos claros: cuando se redacte, Puerto Rico no va a estar en esa mesa. Pero para dar cátedra no hace falta silla. Podemos tener nuestra gobernanza de inteligencia artificial funcionando antes de que se ocupe el campo, como hicimos con CESCO Digital y Vacu ID, donde Puerto Rico lo hizo primero. La última vez que se firmó uno de estos pactos, cambiamos sin haber estado en la mesa. Esta vez, cuando el mundo busque cómo gobernar esta tecnología, que lo encuentre ya escrito en Puerto Rico.