¡Aprobada la reforma de permisos! ahora, la bola está en la cancha de la Cámara de Representantes

El fuego cruzado en la sesión del Senado culminó con la aprobación esperada del Sustitutivo al Proyecto del Senado 1173 y al Proyecto del Senado 1183 incluyendo decenas de enmiendas e impactando directamente a 30 leyes en Puerto Rico.

Esto a pesar de que varias organizaciones se mantuvieron en las afueras del Capitolio desde horas de la mañana, solicitando que el extenso proyecto de ley fuera nuevamente enviado a vistas públicas por las nuevas enmiendas contenidas.

La medida que obtuvo más de 15 votos a favor y provocó una discusión cargada en el hemiciclo.

«Aquí tenemos un documento donde no es perfecto, que atiende múltiples necesidades. Yo podía muy cómodo sentarme a criticar porque era de la gobernadora (la originalidad del proyecto). Decidimos actuar distinto, ahora, hoy, con este reglamento, el sistema de la Zona Marítimo Terrestre es hasta donde llegue el mar. Pueblo de Puerto Rico vea la virtud de usted tener candidatos independientes que tienen la capacidad de poner a su país primero y hay que hablar y hacer consenso con personas que a ti no te agradan…», expresó el senador Eliezer Molina.

Mientras, la senadora Joanne Rodríguez Veve, emitió también expresiones a favor del sustitutivo.

«Se busca que la confianza y la agilidad sean la orden y sean la norma para aquel que cumpla y que aquel que engaña, asuma consecuencias. Actualmente, según documentó la oficina del Inspector General, el Gobierno audita 1 de cada 5,000 permisos. Esto de facto quiere decir que aquí ¡el asunto está por la libre!», reaccionó la también senadora independiente.

Por su parte, el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD), Luis Javier Hernández, criticó la medida.

«Presentar tantas enmiendas significa que este proyecto jamás tuvo que haber sido pasado a votación. Así que, mi petición a usted señor presidente es que el proyecto sea devuelto a Comisión y que se pueda atender las preocupaciones que existen con relación al sustitutivo y también las preocupaciones que otros compañeros han planteado, incluyendo, las enmiendas que se han planteado en el día de hoy porque vuelvo e insisto que este proyecto no es enmendable y se debe dar el beneficio de vistas públicas», insistió el senador popular.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, cerró la extensa discusión de la medida.

«Este proyecto igual que cualquier otro, la minoría que están en contra, pudieron presentar un informe de minoría. Cuando yo era minoría trabajaba. Ni el PIP, ni el PPD presentaron un informe de minoría ¡porque no trabajan! y yo vengo de una escuela de un gran Gobernador, Pedro Roselló que decía que la patria no se hace hablando, se hace trabajando y nosotros trabajamos», puntualizó el líder senatorial.

Algunas de las enmiendas propuestas propone una transformación del sistema de permisos de Puerto Rico eliminando el Permiso Único para solicitudes futuras, agilizaría los trámites de construcción y ampliaría la fiscalización posterior de las actividades autorizadas.

Según el informe positivo de la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado, el Permiso Único sería reemplazado por un Registro de Uso. Mediante este mecanismo, el titular presentaría una declaración electrónica y podría comenzar a operar ese mismo día, sujeto a fiscalización posterior y a los límites de intensidad permitidos para la propiedad.

La medida también establecería un Permiso de Construcción Consolidado que integraría autorizaciones de construcción, demolición, urbanización, corte y poda de árboles y extracción incidental. Además, introduciría una escala de diez niveles de intensidad para evaluar los usos residenciales, comerciales e industriales.

Entre los cambios figura además la validación de solicitudes en cinco días laborables y la adjudicación de trámites ministeriales certificados en dos días laborables. Para asuntos discrecionales, se contemplan términos de 120 o 180 días. El incumplimiento de los plazos activaría mecanismos que, según el procedimiento, incluirían la expedición automática o la intervención de la Junta de Revisiones Administrativas.

En el componente ambiental, el informe describe un modelo en el que las obras calificarían automáticamente como exclusiones categóricas, salvo escenarios de riesgo definidos, entre ellos humedales, zonas inundables, el Carso y la zona marítimo-terrestre. Los permisos ambientales pasarían a la Oficina Central de Permisos, mientras el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales asumiría funciones fiscalizadoras.

El sustitutivo conservaría, con modificaciones, la ley orgánica de la Junta de Planificación, reconocería expresamente la autonomía municipal y establecería multas de hasta $50,000 por infracción, con penalidades adicionales ante conductas obstinadas o en rebeldía.

La medida será considerada ahora en la Cámara de Representantes.