¿Aprobar o aplazar? Senado encara hoy la reforma de permisos

Enfilan cañones para aprobar hoy el proyecto sustitutivo de la Reforma de Permisos en el Senado.

A las 11:00 de la mañana, los senadores se disponen a discutir a profundidad las nuevas enmiendas contenidas en este Sustitutivo al Proyecto del Senado 1173 y al Proyecto del Senado 1183, previamente radicado por la gobernadora Jenniffer González Colón y ahora ajustado a nuevas disposiciones por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, en medio de cuestionamientos sobre la autonomía municipal, la protección ambiental y la participación ciudadana.

El pasado jueves, la disputa entre los miembros del Senado no faltó por falta de tiempo para evaluación de este nuevo documento legislativo. Esta acción provocó que Rivera Schatz, encarara a senadores de la minoría, aludiendo a que la medida fue evaluada bajo la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos que él preside, en más de tres ocasiones.

El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD), Luis Javier Hernández, insistió a Prensa Abierta que este sustitutivo no es el mismo que fue evaluado y discutido en las pasadas vistas públicas y denunció que la medida no conglomera el sistema de permisos como se pretende desde el inicio hacer.

«Lo primero que dejaría claro es que este proyecto no es el mismo que fue discutido en las vistas públicas de la reforma de permisos. Esto es un sustitutivo que fue radicado a penas el 7 de octubre. Por eso se pidió el jueves más tiempo para evaluar los cambios. Ya hay grupos expertos en el tema que, incluso, piden que se celebren vistas públicas porque los cambios pueden trastocar el análisis. Lo segundo es que de una revisión general, nos sostenemos que este proyecto centraliza el sistema de permisos quitándole poderes a las agencias expertas en el área, o sea la OGPE y la Junta de Planificación. En todas las jurisdicciones de los Estados Unidos, el tema de permisos es uno descentralizado. Por último, este proyecto sin duda les quita poderes a los municipios y disminuye las protecciones al medio ambiente», reaccionó Hernández.

Una misiva que fue redactada por planificadores, científicos y académicos, divulgada el pasado domingo, 11 de octubre, sostiene la preocupación a la que el portavoz popular hace alusión. Según la carta, el sustitutivo fue presentado el pasado 7 de octubre con 868 páginas con información técnica que incluye procesos de planificación en el uso de terrenos, conservación de los recursos naturales y las evaluaciones de permisos para las construcciones y edificaciones.

«Tendría unos efectos que incidirán dramáticamente sobre el quehacer diario de todos los residentes de Puerto Rico, a corto y a largo plazo. Una medida de esta naturaleza, debería estar disponible en igualdad de condiciones a toda la ciudadanía y contar con el insumo del mayor número de organizaciones y sectores, tal y como aspiramos los que promovemos vivir en una sociedad plenamente democrática», reza la misiva.

«Se ha indicado que este Proyecto ha sido extensamente discutido, sin embargo, ese no es el caso. Los proyectos que han sido presentados y discutidos en vistas públicas, y recibido comentarios o memoriales, fueron el P del S 1173 y del P del S 1183, durante los meses de abril y mayo de 2026», agrega la carta.

Los profesionales que conforman el escrito de esta misiva solicitan que hoy la medida no sea llevada a votación, sino que, regrese a vistas públicas con la consideración de que es un sustitutivo a las pasadas medidas radicadas.

«Esta es la única manera en que se puede garantizar un ejercicio verdaderamente democrático, para que así todos los constituyentes puedan presentar información, comentarios y recomendaciones dirigidas a un proyecto de ley que promueva realmente el desarrollo sostenible de Puerto Rico», puntualizan.

Sin embargo, el senador penepé, Angel Toledo, expresó en una entrevista con este periódico digital, que el foro para aclarar dudas y recibir insumo de todos los sectores ya se otorgó, por lo que es momento de que se lleve a votación.

«El proyecto de permisos debe estar por encima del gusto o la preferencia de un grupo. Aquí, Puerto Rico: las prioridades para el desarrollo, la protección del ambiente, son las cosas que deben emperar. Digamos que las regulaciones específicas que promuevan la protección ambiental no sean el 100% que quería el sector de desarrollo, pues no, y van a estar en desacuerdo. Pero, en esencia, cuando miras el conglomerado luego de una discusión amplia, pues creo que es una discusión de consenso que ya se dio en el Senado con todos los sectores», reaccionó al senador ante la solicitud de aplazar el término de aprobación.

«Con mucho respeto a mis compañeros, llevamos escuchando a la minoría repetir que el proyecto de permisos no se ha movido, pero el día que el proyecto a la discusión: no, no, aguanta que vamos muy rápido. Entonces, no entiendo porque se hacen las vistas públicas, no van, se hacen las reuniones y no tienen opinión, pero el día que se trae a discusión con diferentes sectores, académicos, con agencias, entonces vienen a decir que vamos muy rápido», agregó Toledo molesto de que la medida sea atropellada por senadores de la minoría.

«Se peinan o se hacen rolos. ¡Se les ve la costura!», señaló Toledo.

Algunas de las enmiendas propuestas propone una transformación del sistema de permisos de Puerto Rico eliminando el Permiso Único para solicitudes futuras, agilizaría los trámites de construcción y ampliaría la fiscalización posterior de las actividades autorizadas.

Según el informe positivo de la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado, el Permiso Único sería reemplazado por un Registro de Uso. Mediante este mecanismo, el titular presentaría una declaración electrónica y podría comenzar a operar ese mismo día, sujeto a fiscalización posterior y a los límites de intensidad permitidos para la propiedad.

La medida también establecería un Permiso de Construcción Consolidado que integraría autorizaciones de construcción, demolición, urbanización, corte y poda de árboles y extracción incidental. Además, introduciría una escala de diez niveles de intensidad para evaluar los usos residenciales, comerciales e industriales.

Entre los cambios figura además la validación de solicitudes en cinco días laborables y la adjudicación de trámites ministeriales certificados en dos días laborables. Para asuntos discrecionales, se contemplan términos de 120 o 180 días. El incumplimiento de los plazos activaría mecanismos que, según el procedimiento, incluirían la expedición automática o la intervención de la Junta de Revisiones Administrativas.

En el componente ambiental, el informe describe un modelo en el que las obras calificarían automáticamente como exclusiones categóricas, salvo escenarios de riesgo definidos, entre ellos humedales, zonas inundables, el Carso y la zona marítimo-terrestre. Los permisos ambientales pasarían a la Oficina Central de Permisos, mientras el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales asumiría funciones fiscalizadoras.

El sustitutivo conservaría, con modificaciones, la ley orgánica de la Junta de Planificación, reconocería expresamente la autonomía municipal y establecería multas de hasta $50,000 por infracción, con penalidades adicionales ante conductas obstinadas o en rebeldía.