Rivera Schatz propone comité con $1 millón anual para planificar transición hacia la estadidad

El presidente del Senado Thomas Rivera Schatz, presentó el Proyecto del Senado 1565 para crear un comité que estudie los cambios económicos, contributivos y gubernamentales necesarios para preparar a Puerto Rico para una eventual transición hacia la estadidad, con una asignación de $1 millón anual de fondos públicos.

La medida, denominada “Ley ESTADO”, dispone que el organismo prepare, dentro de un año de quedar constituido, un informe que compare el impacto de la estadidad, la independencia y la condición territorial actual del Estado Libre Asociado. El análisis incluiría los efectos sobre los impuestos, las ayudas federales, el empleo, las empresas, los municipios y las familias.

De acuerdo a la exposición de motivos, las consultas celebradas en los años 2012, 2017, 2020 y 2024 han reflejado que Puerto Rico rechaza su condición territorial y que la estadía ha resultado favorecida consecutivamente.

«En dicho contexto, resulta necesario estudiar de manera profunda y comparativa las consecuencias económicas, fiscales, contributivas y sociales de las distintas alternativas de estatus. Puerto Rico debe contar con información veraz, precisa y actualizada que permita conocer el impacto que cada fórmula puede significar sobre la economía, el desarrollo económico y social, la ciudadanía en general y las instituciones gubernamentales», reza la medida.

Por tanto, la medida establece que se requerirá la realización de un «Informe sobre el Impacto Económico, Fiscal y Contributivo de las Alternativas de Estatus de Puerto Rico». Con este informe se examinaría comparativamente la estadidad, la independencia y la condición territorial actual del Estado Libre Asociado. Además, evaluaría sus efectos sobre los programas y fondos federales, la tributación, los recaudos y gastos públicos, el desarrollo económico, la inversión, el empleo, las empresas, los municipios y las familias.

Los resultados de estas investigaciones se utilizarían para formular recomendaciones de reforma gubernamental, económica, fiscal, contributiva, administrativa y legislativa.

Esto estaría a cargo del Comité de Estudios y Planificación para la Transición hacia la Estadidad, que fue definido como un organismo de investigación que estará adscrito a la Legislatura y tendrá autonomía.

El comité estaría integrado por cinco personas nombradas por la gobernadora y confirmadas por ambos cuerpos legislativos. Sus miembros no recibirían remuneración, aunque podrían obtener reembolsos por gastos autorizados. Además de la asignación anual, el organismo podría recibir donativos y subvenciones.

La propuesta también le concedería facultades para citar testigos, requerir documentos y acudir al tribunal para exigir el cumplimiento de sus requerimientos.

El informe tendrá que ser divulgado tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos en el portal del Comité.

En el Artículo 26, la medida además asigna a la Superintendencia del Capitolio $1 millón anual con cargo al Fondo General del Gobierno para sufragar los gastos del establecimiento, operación y cumplimiento de la Ley. La asignación se efectuaría anualmente mientras el Comité esté vigente en sus funciones.

Esto no limita al Comité a buscar otras fuentes de financiamiento tanto de entidades públicas o privadas de Puerto Rico, Estados Unidos o del exterior.

Se crearía bajo este proyecto de ley un «Fondo Especial para Estudios y Planificación de la Transición hacia la Estadidad»y serían utilizados para las investigaciones, estudios, publicaciones y otras funciones.

Si la medida fuera convertida en Ley, la gobernadora deberá someter nombramientos iniciales de los cinco miembros del Comité dentro de 90 días.