El peso del cargo: no basta ocuparlo, hay que saber llevarlo

Hay sillas que pesan más cuando uno se sienta en ellas. No por la madera, el cuero o el tamaño del escritorio que las acompaña. Pesan por las decisiones que se toman desde allí. Pesan por las personas que esperan una respuesta. Pesan porque una firma puede autorizar, detener, proteger o dejar esperando a alguien. Las sillas del servicio público son de esas.

Y algunas pesan todavía más.

La del Departamento de la Familia carga sobre sus espaldas historias que pocas veces llegan completas a los titulares: la madre que abre una nevera casi vacía y calcula cómo hará para alimentar a sus hijos hasta fin de mes; el niño que espera que un adulto finalmente escuche lo que intenta decir; la persona de edad avanzada que necesita que alguien llegue a tiempo; y el trabajador social que mira una lista interminable de casos sabiendo que detrás de cada número hay una vida que no puede atenderse con prisa.

Por eso preocupa lo que estamos observando. 

Demasiadas contradicciones. Demasiado en juego.

La reciente controversia en el Departamento de la Familia ha dejado de ser únicamente un asunto sobre la destitución de una funcionaria. Las versiones encontradas, las alegaciones relacionadas con presiones administrativas y los señalamientos de amenazas personales han colocado nuevamente a una de las instrumentalidades más importantes del país en medio de una tormenta pública. Y cuando hay una tormenta en el puente de mando, inevitablemente uno mira hacia quienes están navegando abajo.

Si alguien alega: “me amenazó”, que amenazaron con golpearle o que determinadas amenazas fueron comunicadas mediante la Secretaría de la Gobernación, no estamos hablando de un comentario trivial. Una alegación de esa naturaleza es seria y precisamente por eso existen mecanismos para atenderla: acudir a las autoridades, documentar los hechos y activar las medidas de protección correspondientes.

Los micrófonos pueden amplificar una denuncia, pero no sustituyen los procesos para investigarla.

Entonces aparece otro personaje en esta historia: la Secretaría de la Gobernación. Y la ciudadanía, que observa desde afuera este ir y venir de versiones, tiene derecho a formular preguntas.

Si alegadamente la Secretaría de la Gobernación conocía o recibió información relacionada con expresiones de esta naturaleza, ¿qué ocurrió después? ¿Cuál fue su intervención? ¿Qué protocolos se activaron? ¿Cómo un asunto descrito públicamente con semejante gravedad terminó convertido en un intercambio de versiones ante los medios?

Las respuestas deben surgir de los procesos correspondientes. No me corresponde determinar quién tiene la razón en una controversia cuyas alegaciones deben ser examinadas mediante evidencia.

Pero exigir seriedad institucional es otra cosa. Y esa sí nos corresponde.

Durante mi formación profesional, mis mentores repetían una enseñanza que nunca olvidé: no basta con tener un título; hay que comprender el peso de llevarlo.

Con los cargos ocurre exactamente lo mismo. Podemos imaginarlos como un traje prestado por el país. Puede tener nuestro nombre bordado durante cuatro años, ocho años o algunos meses, pero nunca nos pertenece realmente. La silla tampoco. La oficina tampoco. La autoridad tampoco.

Todo es prestado. La responsabilidad, mientras se ocupa, no.

Por eso el peso de un cargo no se mide por cuántas personas responden ante quien lo ocupa. Se mide por la capacidad de responder por las personas que dependen de las decisiones tomadas desde él.

Se demuestra en el criterio cuando existe presión, en la prudencia cuando existe conflicto y en la templanza cuando alrededor todo parece invitar a responder impulsivamente.

Y en el Departamento de la Familia hay demasiado en juego para olvidar esa diferencia.

Mientras el país escucha quién dijo qué, quién llamó a quién, quién amenazó a quién o quién contradijo a quién, imaginemos otra escena:

En algún escritorio hay un expediente esperando.

Ese expediente tiene un número.

Pero el número tiene un nombre.

Y ese nombre pertenece quizás a un niño.

Su situación no se detiene porque exista una controversia administrativa. Su necesidad no entra en pausa mientras ocurre una entrevista televisiva. Su seguridad tampoco puede esperar a que termine el próximo ciclo de noticias.

Ahí es donde esta discusión adquiere otra dimensión.

He sostenido que resulta profundamente contradictorio afirmar que “se está haciendo el trabajo” o que se está trabajando “con profundidad” cuando las condiciones para hacerlo verdaderamente con profundidad continúan siendo insuficientes.

Porque la profundidad también se mide.

Se mide en tiempo para investigar. En cargas de casos manejables. En supervisión. En seguimiento. En recursos. En profesionales que puedan detenerse a escuchar y analizar antes de decidir. Y, finalmente, en la capacidad del sistema para responder oportunamente a quienes necesitan protección.

Decir que el trabajo se está haciendo no puede convertirse en una frase repetida tantas veces que terminemos confundiéndola con evidencia.

Una casa no se sostiene porque alguien repita que sus columnas son fuertes. Se sostiene cuando sus columnas realmente pueden cargar su peso.

Lo mismo ocurre con una institución.

Podemos defenderla en conferencias de prensa. Podemos repetir sus logros. Podemos asegurar que toda marcha. Pero la verdadera fortaleza institucional se observa cuando llega la crisis: en cómo responde, cómo protege, cómo fiscaliza y cómo sus dirigentes manejan el poder que temporalmente les fue confiado.

El país no necesita que quienes ocupan las posiciones más importantes hablen más alto.

Necesita que estén a la altura del peso que decidieron cargar.

Porque ocupar una silla es relativamente sencillo.

Lo difícil es no olvidar quiénes están detrás de ella.

Y en el Departamento de la Familia, detrás de esa silla hay niños, familias, personas de edad avanzada y profesionales esperando que la institución funcione.

Por ellos, el peso del cargo importa. Pero importa todavía más saber llevarlo.